HACIA UN DESARROLLO SUSTENTABLE

Los problemas ecológicos hoy son tan agudos que se oyen voces de alerta por doquier, advirtiendo que la actual economía con su secuela de agotamiento de recursos y contaminación de la naturaleza está conduciendo a la humanidad a un camino sin retorno. La realidad mundial contemporánea pone en evidencia que el desarrollo entendido solo como crecimiento económico no brinda seguridad para existencia de las generaciones futuras.

El camino de desarrollo que ha recorrido el Ecuador está signado por la dependencia y la destrucción de las riquezas naturales, como lo demuestra una suscinta ojeada histórica. Es conocido que las culturas autóctonas de América manejaron óptimos mecanismos de adaptación a la naturaleza. En la época incásica, por ejemplo, la mayoría de la población habitaba zonas montañosas observando el equilibrio de la producción de alimentos y el uso del agua. Los incas repoblaban los valles mediante el sistema de mitmas (migraciones obligatorias) para evitar el deterioro natural y elevar la eficacia del control ambiental.

En la colonia, la destrucción humana, cultural y ecológica alcanzó dimensiones enormes. A partir de entonces y en todas las etapas del desarrollo capitalista no se ha hecho sino continuar con la degradación del medio ambiente, y si en este proceso están involucrados los pueblos indígenas, su responsabilidad, al haber estado marginados durante siglos, es mínima.

En los años 50 del siglo XX comenzó la agudización de los problemas ecológicos. El crecimiento de la industrialización y los efectos de la expansión del capital monopólico internacional trajeron como consecuencias una explotación rapaz de los recursos naturales y la acelerada contaminación de la atmósfera, la hidrósfera y el suelo.
La última fase del desarrollo mundial, la llamada "globalización", empeño máximo del neoliberalismo, involucra a todos los países, y a los países en desarrollo los involucra de manera especialmente desventajosa.

Está comprobado que la globalización atenta contra la soberanía de los estado-naciones. El estado ecuatoriano no es un estado consolidado, el mercado no es un mercado nacional, pues no representa a todos los pueblos originarios, ni a la mayoría de los sectores sociales; de ahí que la democracia sea débil y con poca capacidad para enfrentar al poder global.
Ecuador aporta al desarrollo del sistema capitalista mundial con materias primas y mano de obra barata. Sin embargo, en el mundo actual los bienes primarios y la mano de obra barata van perdiendo importancia económica. Para peor, es un país abrumado por la deuda externa. La preocupación por la contaminación y la desertificación son cuestiones que afectan al mundo entero. Los países del hemisferio Sur, entre ellos Ecuador, tienen, además, problemas específicos como la pobreza, la falta de educación, altos índices de desnutrición, enfermedades endémicas, poco desarrollo tecnológico...

La internacionalización de los sistemas financieros nacionales, la presencia de las transnacionales, las imposiciones de los organismos financieros internacionales, la alianza del capital nacional con el internacional, se imponen fácilmente en Ecuador y determinan la política del país. Valga como ilustración la entrevista televisada que se hizo a un poderoso industrial maderero. Cuando el periodista le reclamó por la tala de árboles del bosque húmedo de la provincia de Esmeraldas para beneficio de su empresa y para sembrar palma africana, una especie extraña que acarrea daños irreparables al medio natural, contestó con todo cinismo que el país debería agradecer por lo hecho, porque de mantenerse la selva, los guerrilleros colombianos podrían esconderse en su espesura, en tanto que en las plantaciones de palma africana eso no es posible...

La tala de árboles en Esmeraldas ha provocado el aparecimiento de plagas de mosquitos que causan ceguera en los habitantes del lugar. Los sembríos de flores en la Sierra contaminan el ambiente debido a los fertilizantes que se usan; los desechos son enterrados en los terrenos de cultivo. Hay denuncias sobre la extracción y el traslado de tierra de los páramos para revitalizar la de los sembríos de flores.
Acción Ecológica, una Ong dedicada a la defensa del medio ambiente, hace públicos los conflictos más graves que se producen, así como las respuestas de las poblaciones a las situaciones de conflicto. De esas publicaciones hemos tomado las más ilustrativas para mostrar como la economía capitalista, el deterioro natural y la respuesta social se ligan entre sí.

Un caso típico fue protagonizado por la compañía petrolera Texaco. En el territorio del pueblo Cofán, cuya población actual se calcula entre 400 y 500 personas, el primer pozo petrolero empezó a operar en 1984. De acuerdo a estudios técnicos y testimonios de los habitantes, los impactos fueron de distinto orden: se produjeron sismos, parte del territorio se deforestó, se generaron miles de toneladas de desechos tóxicos. La explotación del pozo, además, generó la descarga de unos 800 barriles de agua de producción y 3 mil barriles de crudo que inundaron la zona. Se contaminaron varios ríos, los desechos que se sacaron para construir las carreteras obstruyeron lo esteros, la pesca desapareció, la caza menguó y los cofanes prácticamente dejaron de comer carne.

En una corte de Nueva York los cofanes presentaron una demanda, pero el Estado ecuatoriano no les apoyó. El año pasado la demanda fue denegada y pasó a las cortes ecuatorianas, donde no se le da trámite.

Un conflicto provocado por la actividad minera es el de las comunidades de Junín y la empresa japonesa Mitsubishi Materials, en Intag. Esta zona es muy rica en yacimientos de cobre, está situada en los declives occidentales andinos y constituye un área de amortiguamiento de la reserva ecológica Cotacachi - Cayapas. En 1991, los gobiernos de Japón y Ecuador suscribieron acuerdos de cooperación técnica para realizar investigaciones geológicas en una extensión de 5000 hectáreas. Pero el estudio se convirtió en actividad exploratoria que ya ha causado daños ecológicos graves. Se contaminaron aguas y quebradas con substancias químicas, se destruyó el bosque primario, se talaron áreas enteras de bosque y se produjeron derrumbes por las perforaciones mineras. Además, disminuyó la mano de obra para tareas agrícolas.

Los pobladores rechazaron el proyecto minero, pero funcionarios del ministerio de Energía y Minas, interpusieron un juicio penal contra tres dirigentes comunitarios, acusándoles de terroristas. En rechazo los comuneros sacaron las herramientas que estaban depositadas en la sede de la alcaldía de Cotacachi y las devolvieron a la subsecretaría de Minas. El conflicto entre la comunidad y la compañía está en suspenso.

Otro ejemplo de situación conflictiva y de resistencia es el generado por la deforestación de los bosques de Esmeraldas por parte de la empresa maderera Endesa/Botrosa. El conflicto surgió cuando se conoció que la fundación Durini había gestionado un proyecto ante la Corporación Financiera Nacional y el Banco Mundial. La propuesta implicaba un financiamiento de 12.8 millones de dólares, de los cuales gran parte estaba prevista como donación. El proyecto fue aprobado en 1992. La unión Noroccidental de Organizaciones Campesinas y Poblaciones de Pichincha denunció que la empresa maderera recibiría este financiamiento del Banco Mundial para el proyecto, lo que rechazaron argumentando sus consecuencias destructivas. Organizaciones como la Conaie, Acción Ecológica y otras apoyaron el rechazo por atentar contra los intereses de la nacionalidad Chachi y de la población negra del río Santiago.
El proyecto fue suspendido gracias a la resistencia de los pobladores del lugar y de las organizaciones sociales.
Los tres casos señalados, son ejemplos de la depredación capitalista, pero también de la resistencia que presentan pequeñas poblaciones para resistir los atropellos del poder local y del poder global.
Como ya vimos en el segundo punto de esta ponencia, el enfrentamiento del estado con los pueblos indios que luchan por su autonomía, no es una cuestión fácil de resolver. Ahí tenemos las mesas de diálogo a las que se sientan representantes indígenas y personeros del gobierno. Los gobiernos de turno se ven obligados a atender los reclamos indígenas, como si se tratase de situaciones excepcionales y a responder con acciones urgentes, pero no hay normas que regulen la participación sistemática de los pueblos indígenas en las cuestiones fundamentales del país.

Con los derechos medioambientales, la situación es similar. Es verdad que en la Constitución vigente consta que los indígenas deben ser consultados antes de que se empiece a extraer o explotar los recursos naturales que están en sus territorios, pero todavía eso es solo letra escrita. Hay poblaciones indígenas asentadas en tierras fértiles o ricas en petróleo y minerales. También ocupan extensiones de páramos, que son espacios de mitigación del carbono atmosférico y de fuentes hídricas. Se ha reconocido la propiedad comunal de la tierra bajo la condición de que, si se descubren recursos minerales en ellas, los beneficios serán para el estado.

Para la economía ecuatoriana el petróleo es vital, pero ello no ha traído consigo una política especial para afrontar los problemas que soportan los pueblos indios y toda la población de la Amazonía.

Sobre los aspectos ambientales en el país hay una vasta legislación. Aparte de los artículos dedicados a este tema en la Constitución, existen la Ley de Aguas, la Ley para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, la Ley Forestal y de Conservación de áreas protegidas, la Ley especial de Petroecuador, el ente petrolero estatal. Sin embargo, hay poca voluntad política para ponerlas en práctica.

Si queremos una naturaleza sana, limpia, clara, debemos aunar esfuerzos entre continentes, países, regiones y también pequeños espacios habitados para globalizar la solidaridad y el sentido ético a fin de garantizar un porvenir sin sobresaltos.

Del proceso multifacético que viven actualmente los pueblos originarios se destacan como realizaciones más importantes la reafirmación de la identidad histórica, el ejercicio de poderes locales con transformaciones importantes en la administración, el surgimiento de la conciencia ecológica, la cooperación entre distintas culturas.

De acuerdo a estas premisas hemos escogido para llevar adelante nuestra investigación tres concejos municipales con alcaldes quichuas en la Sierra, un consejo provincial con prefecto quichua en la zona andina también, y además el proyecto ecológico de Zhiña, en la provincia del Azuay, en la zona austral Andina.